Las organizaciones de Derechos Humanos, líderes e integrantes de la comunidad LGTBQI+ de Santa Marta y el departamento de Magdalena están de luto por el asesinato de Cristina Isabel Cantillo, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2021, mientras departía en la terraza de su apartamento, ubicado en el barrio Ondas del Caribe, en Santa Marta.

Hasta allí llegó un sicario quien la atacó con un arma de fuego. Aunque alcanzó a ser llevada al hospital, falleció en el centro asistencial, según información de Indepaz, organización que sostuvo que la lideresa ya había recibido amenazas por un grupo armado al margen de la Ley que delinque en esta zona del país.

Debido a las constantes amenazas por su trabajo como lideresa social, Cristina había recibido un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sin embargo, su muerte se dio justo después de que su cuerpo de seguridad la dejara en su casa luego de escoltarla durante esa jornada.

A raíz de este homicidio se pronunció el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que  “lamentamos la muerte de Cristina Cantillo, defensora de derechos humanos, lideresa social y de la comunidad LGTBIQ+ en Sta Marta luego que UNP la dejara en casa; incapacidad de Policía bajo mando del Cr De los Reyes es insostenible, reiteramos solicitud de relevo al director Nal”.

En una entrevista concedida a la W Radio días antes de su asesinato, Cristina habló de su trabajo detallando que “trabajamos con mujeres víctimas, campesinas, afrodescendientes, por mujeres rurales, trabajadoras sexuales, por mujeres trans”, y según el medio, fue por su trabajo con mujeres desmovilizadas que empezó a recibir amenazas de muerte.

En ese momento Cristina comentó que “he sido víctima de distintos atentados en algunos casos, por algunos casos bastante sensibles que he estado llevando a lo largo de estos seis años en el Magdalena. He estado al frente de temas de tierras, de víctimas del conflicto armado, he hecho denuncias públicas muy fuertes en contra de alcaldes y un número de funcionarios corruptos”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana debido a que según sus investigaciones, las amenazas son el hecho victimizante con mayor ocurrencia contra las lideresas, seguido de desplazamiento forzado, homicidio y violencia sexual, y cataloga la labor de defensa de los Derechos Humanos como un “ejercicio con riesgo inherente”.

Según información de Indepaz, durante este año han sido asesinados 163 líderes y defensores de Derechos Humanos en Colombia, y desde la firma del Acuerdo de Paz han muerto en hechos violentos 1277 personas que defienden estas causas.