Por estos días el Congreso estudia el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que llevará en los algo más de tres años que le quedan de mandato al presidente Gustavo Petro.

Aunque en este proyecto se incluyen las metas generales que el Gobierno plantea cumplir, es claro que todos los presidentes aprovechan para incluir en este proyecto de ley facultades extraordinarias o medidas polémicas en torno a algunos sectores; y Petro no fue la excepción.

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Pues bien, a través de redes sociales circula una alerta sobre una medida en el Plan Nacional de Desarrollo con la que se vulneraría la privacidad de las comunicaciones a través de plataformas de mensajería como WhatsApp.

Una de las voces que protestó en contra de esta medida fue el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien en su columna en el diario El Tiempo analizó el artículo 113, según el cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podría "requerir toda clase de informaciones amplias y veraces, a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y a los que ofrezcan servicios a través de internet, de video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas y de servicios de intercambio interpersonal, directo o interactivo de voz, video o mensajería en línea".

De acuerdo con Martínez, luego de haber consultado a expertos en el tema, aseguró que, de ser aprobado este artículo en el PND, la CRC tendría la capacidad de "exigirles a las aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp, Telegram o Signal, que le entreguen información reservada" de sus usuarios.

Es decir, podría ver el "contenido de los textos escritos, las videollamadas y los mensajes verbales", dice Martínez.

Además de la obligatoriedad de suministrar la información, el artículo contempla que aquellas empresas que no lo hagan recibirán una sanción de hasta 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, "por cada día en que incurran en esta conducta".

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Ante esto, el exfiscal no dudó en aseverar que cree que WhatsApp podría irse de Colombia, dejando a 40 millones de usuarios sin servicio.

Desde la CRC han negado que este artículo sea para dar facultades extraordinarias. "Nunca se ha considerado la solicitud de información privada y sensible de los usuarios de las plataformas digitales", sentenciaron desde la entidad en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la entidad, el artículo hace alusión a los "datos agregados en materia de usuarios o suscriptores, ingresos, planes, condiciones de contratación y tráficos (cuántas llamadas se hacen, cuántos mensajes se envían y cuántos GB se consumen a través de estos servicios), entre otros".

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